Cuentapropismo: otra vuelta de tuerca

 

Por: Germán M. González

Junto con el octavo mes y el anuncio de combinación adversa para los residentes en Cuba: poca lluvia (malo) y mucho calor (peor), apareció una noticia causante de inmediata y multitudinaria reacción, en la calle para los carentes de acceso a la Red y en ésta para los cubanos en el exterior y los pocos residentes en Cuba con esa posibilidad limitada tecnológica y financieramente.

La noticia en cuestión, relacionada con la no concesión de nuevas licencias para un grupo de actividades “hasta tanto no concluya el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” ha provocado un número infinito de interrogantes, luego de indagar –sin entrevistas formales pues el tema es tabú- con integrantes de la burocracia y de los órganos estatales se pueden obtener algunos indicios sobre el controvertido tema.

Es indudable que el miedo al renacimiento de la burguesía nacional destruida en los años sesenta – que existía a pesar de la negativa de los historiadores y economistas del oficialismo(1)– compulsa a los integrantes de la gerontocracia y burocracia gobernante en Cuba. El espíritu estatalizador de ¡sesenta mil! pequeñas y medianas empresas cuando la “ofensiva revolucionaria” de 1968 (y antes) está vigente aún entre los gerontócratas desde esa época ocupantes del poder y naturalmente en los burócratas, por definición enemigos de cualquier iniciativa personal.

Otra razón es el populismo de un régimen que mantiene el incremento de los salarios por debajo siete veces del incremento del índice de precios, y las pensiones medias petrificadas en 269 pesos (11 USD) desde hace tres décadas (sólo se han movido dos veces en 57 años) y quiere –contra toda ley económica- mantener también petrificados los precios, entonces la emprende contra actividades que –también por definición- varían en función de cambios tecnológicos, ambientales, moda y múltiples factores más.

Esto último resulta particularmente cierto en el “tranque definitivo” a los revendedores de productos agrícolas y carretilleros, los cuales el año 2016 –a pesar de todas las limitaciones impuestas- vendieron el 80% (2) de lo vendido en la red estatal compuesta por gigantescas e ineficientes empresas. El comprador revendedor paga al campesino “cash”, con precios de acuerdo a la oferta y la demanda y la calidad del producto; las entidades estatales pagan cuando se acuerdan y son olvidadizas, frecuentemente con precios inferiores a los costos.

Pero hay un factor no reflejado en las discusiones en la Red y en la calle, lo cual responde a la pregunta de por qué el “tranque” si todo lo modificable pudiera hacerse con los mecanismos de concesión de licencias funcionando -actuaron como las entidades estatales paralizando los servicios por inventario- y es la necesidad del régimen de mantener el monopolio de la información para que los cubanos residentes en Cuba solo sepan lo necesario y no haya cuestionamientos al régimen, en chistes o en serio.

Esto último explica algo a primera vista incomprensible: el cierre definitivo a las actividades de “comprador-vendedor de discos” y “operador de equipos de recreación para los equipos rústicos” actividades donde circulan informaciones indeseadas y cuestionamientos, a veces en broma, a veces en serio.

Cuando aparezcan las modificaciones a las regulaciones vigentes veremos dos cosas: integración a los mecanismos estatales –y consiguiente burocratización- de las actividades de los emprendedores y reforzamiento de las medidas de control, no sólo económico. Los encargados de esto último no brindan entrevistas a los medios, pero participan activamente en las modificaciones anunciadas. Facilitar el trabajo del Gran Hermano es condición infaltable en cualquier escenario posible.

(1)Los propietarios de Cuba 1958, Jiménez G. (2008)

(2)Anuario Estadístico de Cuba (2017)

 

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